En 1999, las Naciones Unidas declararon el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , pidiendo el compromiso de los gobiernos y las administraciones públicas para trabajar en la erradicación de esta lacra.
En su declaración, las Naciones Unidas, reconocen que la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a eliminar la violencia que sobre ella se ejerce, que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.
En el año 2009 fueron asesinadas 60 mujeres por violencia de género. En el año 2010, 74 mujeres. Y en el año 2011, ya van 55 mujeres asesinadas. Es decir, más de 1 mujer asesinada cada semana. Esta violencia extrema se mantiene y pervive debido a la violencia de baja intensidad que es aceptada socialmente: la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres.
La situación de crisis económica actual, provocada por el sistema capitalista, está propiciando que aumenten las desigualdades entre hombres y mujeres. Estas desigualdades se acentúan muchísimo más en las mujeres, ya que son éstas las que están sufriendo directamente un duro golpe contra las conquistas aparentemente consolidadas.
So pretexto del ahorro, se han disminuido de facto las inversiones destinadas a políticas específicas y las escasas políticas de empleo se han centrado en trabajos masculinizados, mientras se potencia el trabajo a tiempo parcial –protagonizado muy mayoritariamente por mujeres- y aumenta la brecha salarial entre mujeres y hombres.
Esta violencia económica se ensaña con las mujeres: en el segundo trimestre de 2011 el paro femenino se situaba en un 22%; y el 60% de los trabajos fuera del hogar se realiza en jornada parcial. La vuelta al hogar, a los cuidados y la recuperación patriarcal de los roles sexistas, son señas de identidad de esta nueva y catastrófica etapa, así como la paulatina feminización de la pobreza más absoluta.
Por todo ello, Izquierda Unida ha solicitado al Ayuntamiento de Astorga adoptar los siguientes acuerdos:
- Realizar campañas municipales permanentes contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.
- Impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración con los centros educativos del municipio, basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contra la violencia de género.
- Poner en marcha el Consejo Municipal de las Mujeres de Astorga, con el fin de impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás entidades que lleven a cabo actividades de promoción de la mujer.
- Proponer y fomentar la adopción de programas de atención a la mujer y de actuaciones que contribuyan a la eliminación de la discriminación directa o indirecta en todos los ámbitos de la vida.
- Desde el Ayuntamiento organizar actividades y apoyar la realización de actos que difundan la erradicación de la violencia hacia las mujeres e invitar a la ciudadanía y, de manera muy especial, a la juventud del municipio a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a cabo, por parte de las Instituciones y Colectivos de Mujeres, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Por último, resulta necesario añadir que las políticas municipales de obras, servicios y creación de empleo deben CUMPLIR ESCRUPULOSAMENTE CON LA PARIDAD, que significa contratar tantas mujeres como hombres y en los mismos puestos de trabajo para unas y otras.
Las políticas económicas y de empleo son la clave para atacar la desigualdad, pues la independencia se adquiere gracias a los salarios, el reconocimiento profesional y la formación. Y en la actualidad el Ayuntamiento de Astorga no cumple en este punto con la paridad, como sucede con el Taller de Empleo.
Desde IU Astorga, insistimos en que el Ayuntamiento no puede abrir una oferta de empleo público en formación en la que no haya paridad, pues debe incluir esta premisa en la convocatoria.
Igualmente, entendemos que en las convocatorias para la adjudicación de contratos, debe exigir a las empresas adjudicatarias que en las ofertas que presentan especifiquen el porcentaje de mujeres y hombres que van a trabajar en el servicio contratado y los puestos en que lo van a hacer, para tenerlo en cuenta como criterio de selección, y no solo el económico o técnico.
