Si en 2016 informamos de que la alcaldía había ordenado durante el año
pasado pagos a URBASER contra el criterio de Intervención por un valor superior
a 1.000.000 €, este año los pagos ordenados
por la Alcaldía levantando reparos suspensivos de Intervención superan ya los
450.000 €.
Dichos pagos corresponden a facturas mensuales, en las que no se valora el
servicio efectivamente realizado, sino que son siempre idénticas. Además, en el
libro de Resoluciones de la Alcaldía no hemos detectado aun las ordenes de pago
correspondientes a los meses de junio y agosto, que no obstante estamos
convencidos de que se ordenarán pagar también, acrecentando la cantidad citada
en más de 110.000 € (por lo tanto, más de 560.000 €).
La razón de la improcedencia del pago de dichas facturas, sigue siendo la
misma: el reparo de Intervención se basa textualmente en la omisión en el
expediente de trámites esenciales en la licitación pública del servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos. Dicho reparo afecta (dice el Informe de
Intervención) tanto a la autorización y disposición del gasto, como al
reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de la prestación del
servicio hasta completar el importe de los gastos autorizados o por el tiempo
mínimo imprescindible para que se complete el procedimiento de adjudicación del
contrato. Y a estas previsiones es a las que ha hecho caso omiso la Alcaldía,
decidiendo por su cuenta y riesgo levantar el reparo para autorizar y disponer
el gasto y reconocimiento sucesivo de obligaciones derivadas de la prestación
del servicio en tanto se mantenga la situación de prórroga tácita.
Intervención ha dejado muy claro en su Informe que estas prórrogas están
prohibidas por suponer una vulneración de los principios comunitarios de
transparencia y publicidad y por constituir una vulneración del plazo cierto de
los contratos.
Hay que tener en cuenta que la Alcaldía adjudicó el 30 de diciembre d 2016 los
trabajos de elaboración del pliego técnico y cooperación en el pliego
administrativo, así como el asesoramiento en la tramitación del expediente de
licitación, hasta la adjudicación definitiva, del contrato del servicio de
limpieza y recogida y tratamiento de residuos en el municipio de Astorga, bajo
la figura jurídica de contrato menor. Dicho contrato costó 13.068,00 € (21% de
IVA incluido).
Aún no sabemos nada de los avances en los trabajos de la (re)privatización
que el gobierno de Astorga se trae entre manos, ni los criterios que la
concejalía de medio ambiente ha marcado a la empresa para redactar los
borradores de los pliegos, por lo que creemos que el gobierno municipal tiene
una gran responsabilidad en esta mala gestión llevada a cabo hasta ahora.
En IU-Astorga somos conscientes de que la limpieza viaria y la recogida de
residuos sólidos urbanos son servicios esenciales y que es imprescindible que
sean prestados con continuidad. Por eso mismo no criticamos sin ofrecer
alternativas para solucionar esta problemática que finalmente pagan los vecinos.
Hemos ofrecido una solución factible y legal, que consiste precisamente en la
reversión del servicio, a lo que se niega el gobierno PP-PAL.
Por eso, una vez más podemos decir que sigue siendo prioritario y
fundamental remunicipalizar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos
y el de limpieza viaria.
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