El PP ha presentado un anteproyecto de Ley
que pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local,
concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las
diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los
ayuntamientos.
Esta modificación no va destinada a
fortalecer la democracia, ni el principio de subsidiariedad, ni la
insuficiencia local con la que los Ayuntamientos y el resto de las entidades
locales prestan sus servicios a los ciudadanos. Precisamente, se dirige a lo
contrario: pretende dar por muerta la autonomía local, convirtiendo a los
municipios en Administraciones vacías e inútiles, limitando su capacidad
política y de gestión.
Con especial
incidencia en la Provincia
de León se eliminan las entidades locales menores. Con esta regulación se
traspasa a los municipios todas las competencias, incluidas las reconocidas
sobre su patrimonio, y de este modo la desaparición de las Juntas Vecinales de
la provincia de León. Cerca de 1400 y el 34% de las entidades locales menores
reconocidas en todo el Estado Español.
A la vista de los antecedentes antes
expresados y el contenido del anteproyecto,
la primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y
preocupante.
En consecuencia avanza en la dirección
contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más
autonomía, claridad competencial y más financiación.
Introducir elementos como la posibilidad de
que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus
competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades
autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una
preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los
ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un
papel residual en el contenido político de la gestión.
Por otro lado, regular que, para llevar a cabo iniciativas públicas de
carácter económico por parte de los ayuntamientos, se tenga que aprobar por los órganos de
gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de
control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que las mismas no se lleven
a cabo. No debemos olvidar que el PP a través de esta reforma pretende
básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima
expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto
de que la iniciativa municipal no afecte
a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el
ámbito privado no es necesaria la actividad pública. Toda una declaración de
intenciones y de intereses elevada al rango de ley.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una
radical modificación sobre el marco
competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los
ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la
ciudad. Desapareciendo otras de gran arraigo en León que sufren estas mismas
consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios.
En tal sentido hay que señalar que desaparece
expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y
de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las
relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras.
Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley
de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que
ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras
materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una
administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo
debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los
ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para
los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas
materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la
salud, educación infantil etc, y se
obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya
única alternativa prevista en la
Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de
otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la
estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención
inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de
gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de
construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de
gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los
ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras
administraciones, las juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún
más, si cabe, al clientelismo partidista
y al trato arbitrario de las Diputaciones.
En tercer lugar y en contra de la posición
política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las
diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en
muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o
consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio
de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios
mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión
autonómica significa darles un papel
político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo
se puede entender por razones ocultas no explicitadas.
Nosotros seguimos defendiendo la desaparición
de las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se
suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el
discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte
por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea
otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.
En cuarto lugar no se realiza ninguna mención
a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se
menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad
Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los
ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local.
Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto
establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales
estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son
deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de
gestión del PP elevada a rango de ley.
En definitiva desde IU analizamos con
extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local que
permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente
recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco
competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente,
sin capacidad de gestión, y elimina las administraciones más cernazas al
ciudadano como las entidades locales menores. Cuyas competencias deben
reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su proceso de toma de
decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia de los Concejos
Abiertos de la tradición leonesa de las juntas Vecinales.
Pero sobre todo nos oponemos a este
anteproyecto porque es malo para los intereses
de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de
servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda,
deportivos, culturales, en materia de
igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de
atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están
abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los
ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el
objetivo del PP de debilitar el Estado,
de reducir el espacio de lo publico.
En esta época de crisis provocada por otros
que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y
menor cohesión social, a cambio, eso sí,
de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los
ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
POR ELLO, EN IU-ASTORGA, EXIGIMOS:
- Que el
Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a la retirada inmediata de la Propuesta de
Modificación del Articulado de a Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local
en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo
modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución
Españolala Autonomía Municipal.
- Que el
Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a respetar la tradición
democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación
territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales Menores; como es
el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de León. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local
y respetando sus competencias.
- Que el
Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a modificar el régimen de
ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las
Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.
- Que el
Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a iniciar un Proceso de
Negociación de un Pacto Local con la
FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios,
la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición
definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación
irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno Central. Se
negociará igualmente la adaptación de la
Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva
realidad.
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