El nombramiento de la comisión de estudio es el primer requisito que
establece la ley para proceder a recuperar la titularidad pública de un
servicio, pero no implica en ningún caso que finalmente se lleve a cabo. Tan
solo supone la redacción de una memoria
relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad
económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de
gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la
prestación de la actividad.
Asimismo, también se encomienda a esta comisión la redacción que de un proyecto que incluya los precios del servicio.
De este modo, se podría comprobar si
la municipalización de la basura encaja en la coordinación del servicio que
corresponde a la Diputación provincial.
Cuanto menos parece lógico que el PP esté dispuesto a explorar todas las
vías y la recuperación del servicio público es, al menos a priori, la más razonable. Por lo tanto, la creación de una
comisión plural, integrada por representantes de todos los grupos no debería
ser un obstáculo para un gobierno que pretenda la consecución del interés
general en un asunto tan importante.
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