jueves, 24 de enero de 2019

El Procurador del Común cierra la queja por el Plan de Comunicación con un duro rapapolvo dirigido al gobierno de Astorga y tras haber emitido una contundente Resolución que pone en entredicho la forma de proceder en su contratación

Al Procurador del Común no le ha quedado más remedio que archivar el expediente abierto contra el Ayuntamiento de Astorga por el Plan de Comunicación del gobierno municipal. El motivo del archivo del expediente es la falta de colaboración del `gobierno de la enredadera´ con la Alta Institución para la defensa de los Derechos Fundamentales, ya que transcurridos cinco meses y pese a haber sido requerido por el Procurador del Común en reiteradas ocasiones para conocer el punto de vista del Ayuntamiento de Astorga, este no ha recibido respuesta alguna al respecto de dicha Resolución.

En consecuencia, el Procurador del Común ha manifestado su malestar al `gobierno de la enredadera´ por la ausencia de contestación a su Resolución y ha hecho constar la falta de respuesta en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con la Institución, comunicando que dará traslado de ello a las Cortes de Castilla y León en su Informe anual.

La queja por el Plan de Comunicación del gobierno de Astorga fue promovida por IU-Astorga y ya fue objeto de una Resolución del Procurador del Común en agosto de 2018, justo cuando la prensa publicaba una serie de conversaciones que parecían aludir a este o a estos Planes en varias ocasiones.


En el informe del Procurador del Común se señala que la información remitida por la Alcaldía se contradice en cuanto al procedimiento seguido para adjudicar el contrato, pues hace referencia por un lado al procedimiento negociado sin publicidad y por otro, al contrato menor. Según el Defensor del Pueblo, tampoco la escasa documentación que ha sido enviada permite despejar todas las dudas que se plantean en relación con esta contratación, pues únicamente se remite el informe de Intervención y el Decreto de la Alcaldía que aprueba el pago de una factura correspondiente a la redacción del Plan.

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