(Valladolid, 24 de noviembre de 2016).- El
procurador de IU-Equo, José Sarrion, ha solicitado la comparecencia del
Consejero de Fomento y Medio Ambiente para informar sobre la situación actual
del CTR de San Román de la Vega.
Asimismo, ha solicitado, mediante pregunta escrita
las explicaciones oportunas sobre la gestión de la instalación, “poco
transparente y ajustada a la legalidad”.
En 1997, el BOE publicaba un concurso para la
adquisición de terrenos para la ubicación de un Centro de Tratamiento de
Residuos (CTR). Tras estudiar las propuestas, se rechazó la ubicación de San
Román de la Vega. Tras varios años, en 2001 se toma la decisión de situar la
instalación en la zona desestimada; una decisión rodeada de controversia, ante
la falta de permisos, la oposición de municipios y vecinos del entorno y con
una declaración de Proyecto de Interés Regional.
Dicha declaración se lleva a los tribunales,
mientras comienzan las obras de construcción del CTR sin licencia
medioambiental y otros permisos. Tras recurrirse las sentencias, el Tribunal
Supremo falla en contra de la legalidad de la ubicación del CTR, que determina
el cierre de la misma y, que, a día de hoy, no se ha ejecutado.
A estos hechos, señala el procurador de IU-Equo debe
sumarse la sentencia que determina el traslado de los residuos almacenados en
balas en la finca ‘El Busto’, de Santa María de Páramo al CTR de San Román.
“Unos residuos que se vierten directamente al vaso de rechazados a un ritmo
vertiginoso y, cuando finaliza dicho traslado, se genera un nuevo problema, las
zahorras contaminadas que sirvieron como base a las balas en la finca ‘El
Busto’”, apunta Sarrión
La decisión que se adoptó fue el traslado a la finca
‘Los Chavetinas’ en La Bañera. “Un veredero asentado en un valle con corrientes
subterráneas de agua muy cercano al pueblo de Santa Elena de Jamuz, sin
licencia ni preparación para admitir este tipo de residuos”.
En la actualidad, en abril de 2016, el BOCyL
publicita la ampliación del vertedero de San Román de la Vega; y en julio se
firma en convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Consorcio
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León y la
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, para la construcción y
gestión de un nuevo vaso de rechazos. “Un convenio firmado sin tener resuelto
el trámite de información pública y audiencias; además de aparecer, en agosto,
vertidos ilegales de residuos hospitalarios en el CTR”
Ante estos hecho, el procurador de IU-Equo interroga
al ejecutivo autonómico si se va a proceder a realizar una auditoría ambiental
y contable de todas las empresas relacionadas con la instalación, “en aras de
la transparencia, en una instalación tan sensible y con implicaciones tan
importantes hacia los habitantes de su entorno”.
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