IU-Astorga quiere que el próximo año las brigadas municipales se refuercen incorporando el crédito que este año se reservó para ellas y no se utilizó

Como consecuencia de la mala planificación en la gestión de las bolsas para la contratación de personal laboral temporal de las brigadas de obras y de jardines, se ha dado la circunstancia (prevista y advertida por IU-Astorga) de que al cierre del ejercicio presupuestario no se habrán reconocido todavía prácticamente derechos, ni ordenado pagos con cargo a la partida correspondiente y para dichos conceptos, de tal modo que el crédito que el presupuesto de 2016 contenía para reforzar las brigadas ha quedado intacto. Ello demuestra una pésima gestión en 2016, pero también brinda la oportunidad de reforzar más y mejor las brigadas municipales en 2017. En IU-Astorga preferimos quedarnos con la parte positiva.

En consecuencia, esta mañana hemos solicitado por escrito que el crédito previsto para la contratación del personal de refuerzo de las brigadas en 2017, se incremente en la misma cuantía que el crédito sobrante para el mismo fin en 2016 (y que ha quedado como remanente de crédito), de tal forma que las brigadas municipales puedan contar con más personal del revisto durante todo el año que viene.

Además, queremos resaltar que 2016 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un Reglamento de Bolsas estable y aprobado por el Pleno.

Astorga necesita contar con un Reglamento de Bolsas, es decir, con una normativa pública, aprobada por el Pleno municipal, de general conocimiento para la ciudadanía, versátil y que al mismo tiempo determine de forma clara y objetiva los criterios de acceso al empleo público temporal, garantizando la publicidad, la justicia, la igualdad, el mérito, la capacidad y la necesidad en el acceso al empleo público en el Consistorio.

Esperamos que el PP reflexione sobre sus errores cometidos en materia de acceso al empleo y de gestión de servicios público y esta vez sí, tengan en cuenta nuestras propuestas planteadas en positivo. Se trata de garantizar el correcto acceso al empleo público, de forma ágil y justa al mismo tiempo. Pero también de garantizar la calidad de los servicios públicos, para evitar externalizaciones innecesarias a consecuencia de la nefasta forma de gestionar de quienes nos gobiernan.