IUCyL se presenta como acusación popular en la `operación enredadera´

En la imágen, de izda. a dcha: Sarrión, Bautista y Terrón.

El objeto de la rueda de prensa celebrada el jueves 6 de septiembre en la sede de Izquierda Unida León es presentar la personación de Izquierda Unida Castilla y León, a través de Izquierda Unida León e Izquierda Unida Palencia, como acusación popular en el caso judicial de la trama enredadera. Esta decisión se toma desde la consideración de nuestro compromiso firme y demostrado a lo largo del tiempo contra la corrupción. Somos una fuerza ausente en estas tramas de corrupción que existen en la Comunidad y además, siempre hemos peleado y puesto nuestros humildes recursos al servicio del esclarecimiento de la verdad. “Así como hicimos en el caso Caja España, cuya batalla no estamos ganando, no por falta de razón, si no porque la lentitud de la justicia permitió que los supuestos delitos prescribieran y por lo tanto que los implicados no puedan ser enjuiciados” ha indicado el Procurador en las Cortes, José Sarrión. Esta personación tiene el objetivo de contribuir y colaborar en este proceso judicial, que afecta de forma determinante a Castilla y León, y especialmente a la provincia de León, donde afecta a 7 municipios de los 12 investigados en la Comunidad. “Nos vamos a personar en la causa principal y en las piezas separadas de Astorga y de León, que afectan de forma muy importante a la provincia” ha informado Sarrión.

Esta trama también ha puesto en el punto de mira a la Diputación de León, ya que “hay dos diputados y un cargo de confianza implicados en la trama, que han accedido a información muy importante sobre los contratos de la Diputación, y nos parece un tema muy delicado el uso que de esa información se pueda estar haciendo. Izquierda Unida nos hemos presentado como acusación popular porque somos el único partido que no está implicado en ningún tema de esta trama en las administraciones investigadas”, ha añadido la Coordinadora Provincial de IU, Eloína Terrón.

Elena Fernández, concejal de IU en el municipio de Villaquilambre ha asegurado que desde la formación se va a apoyar la moción de censura de mañana, porque desde que aparecieron las noticias sobre esta trama la formación ha considerado que esta situación no se puede normalizar ni excusar con unas simples explicaciones. En el pleno extraordinario que se celebró a raíz de esta investigación, las explicaciones del alcalde no resultaron convincentes, y además, la concejala implicada ni siquiera se manifestó al respecto. Por estos motivos, en su día solicitaron la dimisión de ambos cargos, pidiendo además que los grupos que apoyaron este equipo de gobierno retirasen su apoyo, y también manifestaron su apoyo a una moción de censura. “Somos coherentes con ello, y no nos parece que esta situación se deba normalizar. No se puede normalizar la sospecha de corrupción sobre las personas que administran los bienes de todos y todas, y por eso mañana apoyaremos la moción. Hemos acordado crear un gobierno de integración, donde intentaremos llevar la gestión de la forma más transparente y decente hasta las próximas elecciones”, aseguró la concejala Elena Fernández. “No entramos a valorar las responsabilidades judiciales porque no es nuestra labor, pero sí exigimos responsabilidades políticas. No podemos permitirnos que cada vez la gente esté más desafectada de la política, que la gente señale a los políticos diciendo que todos somos iguales y que no hacemos nada y que no pasa nada, por ello nos vemos en la obligación de llevar esta causa hasta el final para el bien de todos, porque esta situación ya no corresponde a meros casos aislados”, continuó.

También desde Astorga se apoyará la acusación popular, como confirmó la concejala Nuria Bautista. La Fiscalía y el Juzgado han iniciado el proceso judicial, y dado que el equipo de gobierno no da explicaciones y continúa con total opacidad ante datos de especial interés para la ciudadanía, consideran conveniente apoyar a Izquierda Unida Castilla y León como acusación popular. “Siempre hemos buscado evitar la vía jurídica y hemos preferido la vía política, pero nuestro único interés es velar por Astorga, cuya imagen estará completamente desprestigiada mientras el gobierno de la enredadera siga al frente del Ayuntamiento, y no habrá solución mientras no den explicaciones”, ha afirmado Bautista. Entre sus exigencias, consideran imprescindible que estos concejales cesen de sus cargos. “Sólo con un gobierno limpio y sobre el que no pese la sombra de la corrupción se puede abandonar esta situación. Vemos que la única vía para fiscalizar sus actuaciones es personarnos en esta causa, ya que políticamente nos es imposible ante el bloqueo del equipo de gobierno”, ha concluido.

También Victoria Rodríguez, concejala de León en Común ha manifestado que en la capital no han tenido tanta suerte como en el Ayuntamiento de Villaquilmabre, y aunque se intentó forzar la moción de censura, la negativa de Ciudadanos lo impidió, y por este motivo el Alcalde de León, Antonio Silván, sigue gobernando con el apoyo de la formación de Gemma Villarroel. Desde León en Común aseguran que la dimisión de López de Benito no es suficiente, y mucho menos las inexistentes explicaciones del PP en el pleno extraordinario que se celebró por este motivo, y por ello consideran que personarse en la causa es la única forma posible de acceder a la información de todo el caso. También desde En Común, consideran que toda esta corrupción se hubiera podido evitar si la gestión de la ayuda a domicilio se prestase directamente por el Ayuntamiento. “Nos parece escandaloso que este servicio lo gestionen las dos empresas cuyos propietarios son precisamente los propietarios de los dos medios de prensa escrita de esta provincia: Diario de León y La Nueva Crónica. Son muchos millones en cuestión, que se podrían evitar con la gestión directa de las trabajadoras, que además están precarizadas y muy maltratadas por ambas empresas”, ha asegurado Victoria Rodríguez, destacando también “el papel crucial que han jugado ciertos medios de comunicación: Diario de León, Diario de Valladolid y RTVCyL, aupando o defenestrando ciertos movimientos políticos y ciudadanos. Los medios de comunicación tienen un código ético, y éstos medios reciben grandes cantidades de dinero (que no conocemos con exactitud porque se nos deniega esta información)”. Desde el grupo municipal esperan que en esta ocasión la justicia sea más diligente que en el caso Caja España, para poder tener una actitud más transparente y honesta en el futuro.

En el caso del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la situación resulta más seria, porque aunque el equipo de gobierno y la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, han afirmado que las empresas investigadas no tienen ningún contrato adjudicado ni firmado, son 6 los cargos investigados, convirtiendo a éste en el Ayuntamiento con más imputados de España en esta trama. A este hecho añaden las informaciones que han ido publicándose en distintos medios sobre las conversaciones recogidas en el sumario. Entre estas informaciones se especifica que el empresario y cabecilla de esta trama, José Luis Ulibarri, ‘tiene mucha mano en San Andrés y Villaquilambre’, y también, en otra conversación, la alcaldesa Eugenia Gancedo, se cita en un lugar tranquilo con Ulibarri para tratar sobre ‘eso que ya sabes’. “No quedan en el despacho, si no en un lugar tranquilo. Si después de esto, la señora Gancedo sigue afirmando que es normal y no pasa nada creemos que está tomando el pelo a la ciudadanía de San Andrés. Nos parece muy grave y estudiaremos la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque es muy complicado debido a la composición del pleno. La alcaldesa ya está imputada por otros dos casos y consideramos que esta mujer no puede seguir al frente del Ayuntamiento, y también que el PSOE debería apartar a estas personas del partido”, ha afirmado el concejal de IU en San Andrés, Felipe Ménguez. “Nuestras consideraciones son políticas, no legales; y políticamente son responsables de haber sumido al Ayuntamiento en la trama de corrupción más seria de toda su historia, y no podemos seguir viviendo como antes del 3 de julio. Por ello deben asumir responsabilidades y dimitir, dejando paso a otros representantes que estén limpios de sospecha”, añadió.

“Hay una trama de empresarios, dirigentes políticos y conseguidores que deben ser desenmascarados, y hay una clase política que está más interesada en avanzar políticamente que en defender el interés general y el bien público, que es con lo que se comprometen. Nos parece muy importante pedir más medios en la justicia, porque es indignante que prescriban las causas, y tenemos que evitar que esto también prescriba por esa falta de medios, y más cuando los bienes y recursos que se están malgastando son públicos. La clase empresarial también debe manifestarse sobre cómo se están haciendo los contratos públicos, deben exigir el fin de esas presiones y amiguismos, y desde Izquierda Unida pedimos a los empresarios que sean exigentes con los políticos que tienen estas complicidades con los empresarios que les facilitan una mejor imagen ante los medios”, concluye la Coordinadora Provincial Eloína Terrón.