IU denuncia la privatización de la educación en Astorga promovida, alentada y consentida por la directora provincial de Educación, la procuradora astorgana en las Cortes por el Partido Popular, Emilia Villanueva.
El Área de Educación de Izquierda Unida se hace eco de la denuncia de una vecina de Astorga, que ha matriculado a sus hijos en el Colegio concertado Paula Montal de las Escolapias de Astorga, y que explica en los medios de comunicación cómo este centro sostenido con fondos públicos le exige una cuota “mal llamada voluntaria, que con engaños consiguen que paguen gran parte de los padres”. La directora general del Colegio Paula Montal, María Alegría Junquera Gallego, asegura que es "voluntaria" y está controlada por el servicio de Inspección de la Dirección Provincial de Educación. Esto es lo preocupante: afirma que un servicio público, como es la Inspección, directamente dependiente de la Directora Provincial de Educación, es cómplice en esta “estafa encubierta”, que ya ha sido denunciada repetidas veces como práctica fraudulenta en numerosos centros privados, financiados públicamente, que bordean la legalidad para convertirse en “sicav o paraísos fiscales” al margen del cumplimiento estricto de la normativa, que nos aplican a los demás.
De esta forma, consiguen que se repague dos veces por el mismo servicio, ya que es un centro concertado, y por tanto sostenido con fondos públicos. Con lo cual el Estado se lo paga al centro, y las familias se lo repagan de nuevo. Por lo que, tal como establece la ley vigente, no se debería exigir pagos de ningún tipo. Pero es la propia directora del colegio quien admite, en declaraciones a la prensa, que "es cierto que los padres pagan dos veces", primero vía impuestos y después "nos tienen que ayudar porque no nos llega" con la partida de la administración. Como dice esta madre: “¿Qué la financiación es insuficiente? Sí, por supuesto, y si no, que se lo pregunten al centro público que tienen enfrente y que no le pide nada a las familias”. Los brutales recortes del PP en educación (casi 5.000 millones de euros y otros 10.000 millones que se han comprometido a recortar), no justifican la extorsión a las familias. Y menos este colegio, que no se puede amparar en que “no les llega”, sobre todo cuando están exigiendo a las familias que compren tablets, que vistan chandals determinados, etc., etc.
Cuando esta vecina decide no pagar las cuotas, el administrador del centro la persigue y acosa a base de llamadas y cartas escritas. No parece que sea una cuota "totalmente voluntaria, sin ningún tipo de coacción", como señala la directora del centro María Alegría Junquera. Práctica que parece demasiado común en buena parte de los centros concertados y que dice muy poco de los valores en los que educan estos centros. Al menos no parece que son los que declaran en sus proyectos educativos ni en sus documentos fundacionales.
Pero además el colegio ha pasado a formar parte de una fundación educativa, aclara la madre. Esta es la forma encubierta de saltarse la ley o de bordearla, para poder seguir cobrando sorteando una inspección educativa que sea poco exigente o que tenga directrices políticas de la dirección provincial de “hacer la vista gorda”. Con este mecanismo de la fundación, describe esta madre, “comienza la venta de libros en el cole, la ropa deportiva a un precio desorbitado, el pago de extraescolares…, con el consiguiente beneficio económico para la fundación. Si no pagas por un lado, ya pagarás por otro”.
Finalmente, en este modelo de privatización y construcción de una educación como negocio empresarial, esta madre de familia con dos hijos en este centro concertado, se encuentra con la sorpresa de que, ya terminado el curso, con sus hijos matriculados, se les convoca a una reunión para presentarles un “proyecto ilusionante”. En el cual se explica que para ir a clase todo niño y niña tiene que tener una Tablet, y sobre todo que es “obligatorio” adquirirla en el centro. La directora del centro no lo niega: “Este material pueden pagarlo en dos años mediante el sistema de renting”. Pero es que no solo van a tener que pagar la tablet, sino la instalación o mejora de la red wifi en esas aulas, el mantenimiento del software… Todo ello al módico precio de 650 € a pagar en veinticinco cómodas cuotas.
Pero además, esto no supondrá un ahorro en libros, pues la madre denuncia que “si el año pasado gastamos en libros 250€, este año son 200€ en libros digitales”. Por supuesto, esos libros digitales no se los puede pasar al vecino que está en curso inferior, pues se trata de licencias digitales válidas por un año. Ya no sólo negocio del centro, sino de la empresa que monta tan suculento enjuague tecnológico. Para qué el software libre, si “da clase” tener que pagarlo. A pagar también los libros digitales todos los años. Pero tampoco pueden los niños y niñas usar la tablet que les regalaron para la primera comunión entre todos sus tíos, como denuncia la madre, puesto que es “obligatorio” adquirirla en el centro. No obstante, para que no suene tan evidente, la directora alega que “pueden traerla para que la empresa la vea por si la puede masterizar". Como los vinilos, que los remasterizan.
Cuando la madre pregunta qué hace si no puede o no quiere pagar este abuso, la directora le responde literalmente: “Irse a otro centro”. Pero, eso sí, cuando hace declaraciones públicas, la directora general del centro, María Alegría Junquera Gallego, asegura que "el centro está implicado y comprometido para que ningún niño se vaya por motivos económicos".
Pero lo grave de todo esto es que la inspección educativa está mirando para otro lado, siguiendo las directrices de la dirección provincial de León, cuya actual directora, Emilia Villanueva, es una destacada dirigente del PP, procuradora en las Cortes por el Partido Popular y Concejala del PP en el propio Ayuntamiento de Astorga. Con tantos cargos y sueldos, no sabemos si tiene tiempo para atender a todo, por lo que sería negligencia, y habría que pedir su dimisión, o es capaz de ello y es responsable de este modelo de negocio que está extendiéndose en su pueblo natal.
La madre astorgana denuncia que “no sólo es un problema puramente económico, que también lo es, sino que va mucho más allá. De esta forma se está seleccionando un tipo de alumnado de una clase socioeconómica determinada, los que ni siquiera llegamos a mileuristas, que abundamos en Astorga, nos lo pensaremos antes de enviar allí a nuestros hijos; yo de momento he aceptado la amable invitación de la directora y ya estoy buscando cole para mis hijos”. Esta madre, espera que muchas familias sigan ese ejemplo o se nieguen a pagar, protesten ante la inspección, etc. Pero no se trata de que las familias tengan que luchar por recuperar derechos que les corresponden actualmente por ley –hasta que el modelo neoliberal reinante las reforme- sino que los responsables de velar por la educación pública, inspección y dirección provincial, hagan cumplir estrictamente la legislación vigente.
Ya no se trata ni siquiera de concepciones de cómo entender la educación pública, o cómo defendernos de los procesos de privatización encubiertos del modelo neoliberal, sino de que se cumpla estrictamente la legislación vigente establecida actualmente por el PP. Porque lo que parece es que Astorga actualmente es una ciudad sin ley, al menos en el terreno educativo.
